El ministro de Economía, Luis Caputo, está próximo a concretar una reestructuración significativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dos organismos clave que, hasta ahora, operaban con autonomía financiera y operativa. Esta medida, que se oficializará en los próximos días mediante decretos y resoluciones, forma parte del plan de reducción del aparato estatal impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La iniciativa, que centralizará la administración de ambos entes bajo la órbita del Ministerio de Economía, implica que el INTA pasará a depender del área de Producción, mientras que el INTI se convertirá en una dirección o subdirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Con este cambio, Caputo ganará control sobre los recursos financieros de ambos organismos, reduciendo sus funciones administrativas y limitando su independencia.
El proceso no estuvo exento de fricciones. El INTA y el INTI formaban parte de una lista de 40 organismos señalados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para su reestructuración o eliminación. Sin embargo, al estar bajo la jurisdicción de Economía, se desató una pulseada interna entre ambos ministerios. Aunque en público Caputo y Sturzenegger —apodados por Milei como el “coloso” y el “rockstar”— se elogiaron tras la inflación de mayo de 1,5%, la más baja en cinco años, hay roces por el rediseño de estos entes.
El peso de la "caja"
Sturzenegger, quien hace tres semanas reestructuró el Instituto Nacional del Teatro, disolvió institutos históricos como el Juan Domingo Perón y centralizó entidades culturales como el Museo Nacional de Bellas Artes y Tecnópolis, defiende la necesidad de eliminar la duplicación de tareas administrativas en organismos descentralizados. “El kirchnerismo hizo crecer mucho el Estado con organismos descentralizados, ANMAT, INTA. Si sos un organismo de la administración central no cobrás, sos una dependencia, pero si sos un organismo descentralizado podés cobrar y hacer caja, contratar gente, expandirte... muchos organismos los vamos a volver a la administración central”, explicó el funcionario.
El manejo de los fondos es el núcleo de la disputa. El INTA, con 6.400 empleados y 450 sedes, cuenta con un presupuesto de $244.000 millones al 30 de mayo, según datos oficiales, aunque Sturzenegger estimó un monto cercano a $400.000 millones. Sus recursos provienen de leyes que asignan el 0,45% de los derechos de importación y el 31% de la tasa estadística. Sin embargo, las facultades delegadas al Ejecutivo hasta el 8 de julio permiten redirigir estos tributos al Tesoro, bajo el control del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. “El Gobierno quiere romper con todo, pueden gestionar el instituto, pero sin tener poder de decisión con la plata”, señaló un funcionario de Economía.
Por su parte, el INTI, con 2.377 empleados y un presupuesto de $85.600 millones (72% destinado a salarios y el resto a transferencias, mayormente al sector privado), genera el 30% de sus ingresos por servicios. Presidido por Daniel Afione, exejecutivo de Toyota, el organismo enfrentó en julio la renuncia de autoridades, aparentemente por discrepancias con el ajuste.
Avanzada en tres fases
El control del INTA ha sido un objetivo estratégico para Economía. Desde octubre pasado, Juan Pazo, titular de ARCA, designó a Norberto Bronzovich como presidente del instituto. En marzo, con el respaldo de la Mesa de Enlace, se redujeron direcciones nacionales y se crearon coordinaciones lideradas por aliados de Pazo. Ahora, la tercera fase busca reformar el consejo directivo del INTA, compuesto por tres representantes del Gobierno y siete del sector público-privado. La propuesta es eliminar un representante rural y sumar uno gubernamental, asegurando que el Ejecutivo tenga el voto decisivo en caso de empate.
La centralización plantea desafíos. Sturzenegger argumenta que los organismos descentralizados duplican tareas como contabilidad y compras, lo que justifica su absorción por las áreas centrales. Sin embargo, en los gremios temen una nueva ola de despidos, especialmente con la renovación de contratos en julio. La “burocracia infernal”, como la calificó Desregulación, será reemplazada por estructuras más concentradas, pero a costa de posibles recortes de personal.